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"Autoridades de Miraflores deben indemnizar y desagraviar a ciclistas"

19:05 |

Mar Pérez, representante de la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, adelantó hoy que está evaluando interponer una denuncia penal por discriminación contra la Municipalidad de Miraflores y los efectivos del Serenazgo y la Policía Nacional que participaron en la detención de cuatro ciclistas, que fueron presentados ante la prensa como delincuentes "solo por su aspecto físico".

El jueves de la semana pasada fueron intervenidos Abraham Nina Márquez (26), Jorge Chávez Cárdenas (37), César Cavero Saavedra (18) y Daniel Távara Cárdenas (39) cuando se desplazan por la inmediaciones del centro comercial Larcomar. Las autoridades de Miraflores, incluido el burgomaestre Manuel Masías,  presentaron a los deportistas como integrantes de la banda "Los Malditos de Larcomar".

Sin embargo, el último miércoles Magda Atto, titular de la Fiscalía Penal 53 de Lima, ordenó que se libera a los jóvenes al no hallárseles  motivos suficientes para que los mantuvieran bajo arresto en la comisaría de Miraflores. Anoche, el comando de la Policía Nacional ordenó el relevo del comisario de esa jurisdicción, comandante Ángel Paz Sifuentes, y el jefe del departamento de investigación policial, mayor Juan izquierdo Granda.

En diálogo con elcomercio.com.pe, Mar Pérez informó que ya se contactó con Michael Meza, abogado de los cuatro ciclistas, para ver todo lo relacionado con la posible querella, y adelantó que en una próxima reunión espera definir todo lo relacionado a este tema.

Para la activista no solo se les debe otorgar una compensación económica a los ciclistas que fueron maltratados solo por ser de piel cobriza, sino que las autoridades involucradas en el asunto también deben organizar un desagravio público.

Añadió que este caso de discriminación es producto de un error de investigación, pues, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos, "los errores de investigación afectan sobre todo a personas que no son blancas".

Consultada por la sanción que podrían recibir los que resulten responsables de dicho acto discriminatorio, Pérez precisó que nuestro ordenamiento legal contempla para los funcionarios públicos hasta cuatro años de pena efectiva e inhabilitación del cargo.

No obstante, reconoció que hasta el momento no existe en el Perú una sentencia condenatoria por el delito de racismo, ya que los perjudicados, dijo, no denuncian por no saber que existe una ley que castiga tales comportamientos.