La Defensoría del Pueblo avala el paro nativo pero no la violencia

13:30 | La institución informó que ha pedido al TC que resuelva pronto la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo Nº1015

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el paro de las comunidades indígenas que vienen acatando desde el 9 de agosto pasado por la controversia generada en torno a la reciente regulación de las tierras de las comunidades nativas.

Sobre la protesta, la Defensoría dijo en un comunicado que toda persona o colectivo goza de los derechos para manifestarse; sin embargo, recordó que "las medidas de fuerza dirigidas a bloquear vías de comunicación, tomar instalaciones de generación y distribución de energía, o a causar daños a la propiedad pública o privada, no se encuentran amparadas por ningún derecho constitucional y son acciones ilegales e inadmisibles que afectan a los derechos de los demás ciudadanos".

Además se invocó a las dirigencias de las comunidades nativas así como a las instituciones del Estado a reiniciar el diálogo suspendido.

El comunicado fue leído por la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien comentó que la institución está remitiendo al Tribunal Constitucional una comunicación escrita en la que solicita la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría, el 30 de mayo del 2008, contra el Decreto Legislativo Nº1015, sea calificada y resuelta con celeridad.

También se precisó que la emisión del Decreto Legislativo Nº 1073, modificatorio del Decreto Legislativo Nº 1015, no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría.

"Reiteramos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253, del 2 de diciembre de 1993, tiene rango legal y, por consiguiente, el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento, en particular a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación. En tal sentido, corresponde aplicar las disposiciones del Convenio cuando el Estado elabore y apruebe disposiciones legislativas o administrativas relacionadas con los pueblos indígenas", dice el comunicado de la Defensoría.