La principal dirigente en funciones de los indígenas amazónicos peruanos, Daysi Zapata, dijo hoy que recibió con sentimientos encontrados el anuncio del Gobierno de que promoverá la derogación de los decretos contra los que luchan los nativos desde hace 67 días.

El movimiento indígena no entiende el razonamiento del Gobierno, que desde el 9 de abril sostuvo que dichas normas no podían ser anuladas, y hoy, 35 muertes oficiales después, dice que sí se puede, afirmó Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Esta reacción tardía del Ejecutivo se debe a la presión de todos los peruanos y de la comunidad internacional que, a través de extensas muestras de solidaridad, protestaron y sentaron una posición contra el Gobierno por su accionar del 5 de junio (día de los incidentes que dejaron al menos 34 muertos), afirmó la dirigente, citada en un comunicado de su institución.

Debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades (). Los pueblos ya están cansados de promesas que en el momento de cumplirlas nunca se dieron. Y, en segundo lugar, ¿tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?, agregó.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió hoy, en una negociación con indígenas de la selva central- distintos a las de la Amazonía profunda- a que el Ejecutivo le pedirá mañana al Legislativo que derogue los decretos.

Si el Congreso aprueba la derogación, tal como se prevé por la correlación de fuerzas, quedará resuelto el punto central del problema, pues lo que quieren los nativos es que desaparezcan esas disposiciones, que supuestamente vulneran sus derechos a la tierra.

Zapata, de todos modos, insistió en que Simon renuncie: Es momento de que el primer ministro deje el cargo, se haga responsable del costo político y de las vidas de todos los hermanos muertos en Bagua, y acepte que se equivocaron al intentar hacer desistir a los pueblos a través de la violencia.

La vicepresidenta de Aidesep está al frente de la protesta desde que Alberto Pizango, máximo líder de ese colectivo de comunidades, el principal del movimiento indígena peruano, se refugiara la semana pasada en la embajada en Lima de Nicaragua, país que le dio asilo político.

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