Por Yaku y Wayra, por Irma Montes Patiño

La perturbadora situación de los delfines Yaku y Wayra –‘agua’ y ‘aire’ en quechua– es un vivo ejemplo de la ineficiente normativa de nuestro país cuando se trata de legislar sobre los derechos de los animales. La pareja de delfines vive en cruel cautiverio desde 1997 y hace casi cuatro años fue trasladada del hotel Los Delfines a una poza en La Herradura, Chorrillos. Fueron traídos al Perú a fines de los noventa con un permiso “especial”, importados de México, pero capturados ilegalmente en Cuba, país donde se promueve este tipo de lucrativa actividad y donde las palabras ‘encierro’ y ‘cautiverio’ simbolizan restricción de libertad no solo para el hombre sino hasta para inocentes animales. 

El tráfico de vida silvestre es uno de los grandes desafíos globales y el tercer crimen organizado mundial después de las drogas y armas. Según The Humane Society International, “métodos utilizados para capturar animales para el comercio ilegal pueden ser terriblemente crueles”. Tan cruel como el trato dado a Yaku y Wayra, que fueron el incomprensible atractivo del hotel Los Delfines de San Isidro y generaron constantes protestas de los defensores de los animales nacionales e internacionales. Poco a poco creció la sensibilidad sobre las especies en cautiverio y estos dos simpáticos mamíferos marinos terminaron en el eufemísticamente llamado Delfinario de La Herradura (una poza hoy sin acceso al público ni prensa).

En 1996 el entonces Ministerio de Pesquería les facilitó a los hermanos Levy, dueños del hotel –y además luego responsables de la vergonzosa quiebra del banco Nuevo Mundo– traer estos animales con la Resolución Ministerial 588-96-PE, que establecía curiosamente a la especie ‘Tursiops truncatus’ como “único cetáceo que puede ser mantenido en cautiverio en el país”. Así, los señores Levy tendrían a sus dos ‘Tursiops truncatus’ exhibiéndose en su hotel.

En el Perú mucha normativa tiene nombre propio y esa parece haber sido una de ellas. Otras normas se contraponen, son inaplicables, ineficientes o de difícil fiscalización. Se supone, por ejemplo, que el Decreto Supremo 002-96-PE requiere la autorización del Ministerio de Pesquería (hoy bajo Produce) para permitir el cautiverio “con fines de investigación, recreación y difusión cultural” de mamíferos marinos. Hoy Produce le lanza la papa caliente de evaluación de condiciones del cautiverio al recientemente operativo Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), según Ley 29673.

Son además demasiadas las instituciones con funciones y competencias en el asunto de los inocentes Yaku y Wayra: Municipio de Chorrillos, Minam, Imarpe (bajo Produce), Minsa y el propio Congreso, que sin reglamentar la Ley 27265 (Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio) no cumple con hacer efectivas las intenciones de esta ley promulgada ya a fines del gobierno de Fujimori, que declaró entonces de “interés nacional la protección a todas las especies de animales domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre, directa e indirectamente, que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte”.

Se sabe que Wayra mató a una de sus crías y que otras dos no sobrevivieron. Quizá por intuir que, paradójicamente, a ellas les faltaría justamente eso para sobrevivir: el “agua” y el “aire” en libertad. Es momento de legislar con la mano en el corazón y no en los bolsillos, señores congresistas.