Editorial: Fotos y películas

Es normal leer comunicados o notas de prensa de instituciones públicas anunciando grandes inauguraciones y estrenos, pero muy infrecuente conocer qué pasó después. En parte, esto se explica pues la gran compra u obra pública genera réditos políticos iniciales para luego perder brillo. Así, la acción pública para la foto tiene sentido político, pero sin el mantenimiento adecuado, su efecto sobre la calidad de vida de los ciudadanos durará lo que el flash de la cámara.

La reflexión viene a cuento luego de que se revelara que actualmente la Policía Nacional del Perú (PNP) no tendría capacidad para dar mantenimiento a la nueva flota de 2.180 camionetas de la marca Ssangyong adquiridas de Corea del Sur. 

Más allá de la discusión sobre la idoneidad del producto (según la contraloría, estos vehículos no son patrulleros diseñados de fábrica, sino camionetas convertidas en patrulleros a través de ensambles), las advertencias de Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), y de Édgar Alarcón, contralor de la República, sobre la falta de capacidad de la PNP para hacer valer la garantía, encontrar repuestos y garantizar la operación adecuada de los vehículos no debe ser pasada por alto. 

Después de todo, según el INEI, de los casi 1.000 vehículos de las comisarías de Lima y Callao, más del 20% está inoperativo y la mitad necesita algún tipo de reparación. Y eso teniendo talleres adecuados para su mantenimiento.

Pero la falta de mantenimiento en el sector público no es exclusiva del sector Interior. El derrame de petróleo en la selva peruana ocurrido a finales de junio –responsabilidad de la estatal Petro-Perú– tuvo su origen en las deficiencias de un oleoducto que lleva casi medio siglo de operaciones con poco o nulo mantenimiento. Es el tercer derrame del año y el vigésimo primero desde el 2011.

El sector Transportes no aparece tanto mejor. El 31% de la red vial nacional tiene un estado entre malo y regular, y la situación es bastante peor en las vías departamentales y vecinales. La inversión en mantenimiento es menos políticamente glamorosa que la inauguración de una nueva carretera o puente, pero no por ello menos importante. Según trabajos internacionales, cada dólar invertido en mantenimiento vial ahorra entre 4 y 10 dólares en reparaciones futuras.

Si el sistema público parece notoria y estructuralmente deficiente para encarar el problema del mantenimiento, sea por ausencia de controles adecuados, falta de recursos (o de estimación adecuada de presupuestos que incorporen las tareas  posinaugurales), malos incentivos, o simple desidia y entrampamiento burocráticos, la alternativa de solución quizá se halle en un acercamiento al sector privado.    

En el caso de la infraestructura vial, por ejemplo, un contrato bien estructurado de concesión integral de vías regionales por un período de una o dos décadas generaría los incentivos adecuados para que los caminos sean construidos con un material resistente y estén siempre en óptimas condiciones. De lo contrario, la empresa prestadora del servicio se expone a las sanciones previstas en el acuerdo, aun cuando el alcalde que presenció la construcción haya abandonado ya la municipalidad. Ahí donde los incentivos políticos del sector público pueden fallar, los incentivos del sector privado pueden alinearse hacia la provisión de servicios de calidad en el mediano y largo plazo.

La necesidad de compras y obras públicas no debe pasar por alto que estas solo tienen sentido si pueden ser mantenidas a través de los años, y en eso el sector privado puede ser un aliado importante. Quizá ignorando un poco más la foto de la inauguración y prestándole más atención a la menos llamativa película de mantenimiento generaremos los incentivos para que ello ocurra.