Editorial El Comercio

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenó ayer de “todos los efectos” de las primarias celebradas el 22 de octubre en ese país a fin de elegir al candidato con el que la oposición tendría que enfrentar al dictador en los próximos comicios presidenciales (en una fecha todavía incierta del 2024). Como se sabe, la líder antichavista se impuso con cerca del 93% en ese proceso. Y las encuestas indican que, en un mano a mano con todas las garantías democráticas, ella derrotaría holgadamente al tirano.

El problema, sin embargo, es que unas elecciones limpias resultan sencillamente imposibles en Venezuela; y más, si la eventual retadora de Maduro es alguien tan popular como la señora Machado. Lo ocurrido ahora, en realidad, es consistente con el comportamiento del régimen chavista desde que asumió el poder, en 1999: la persecución de opositores ha sido una constante que llevó al punto de tratar de arrasar por la fuerza al Congreso de mayoría opositora que emergió de las urnas en el 2015. Como ese plan no funcionó, el chavismo creó un poder legislativo paralelo a través de la del 2017, que bloqueó todos los esfuerzos por limitar sus arrebatos totalitarios. Aparte de eso, la prensa independiente también fue asfixiada y reprimida para evitar las denuncias sobre la corrupción y la entraña dictatorial del régimen.

La propia María Corina Machado había sido ya víctima de impedimentos absurdos en su propósito de postular a cargos de elección popular. Pesaba y pesa sobre ella una inhabilitación para ejercerlos dictada en origen por la contraloría en el 2015, pero recientemente extendida hasta el 2030. Lo sucedido ahora, no obstante, supera con largueza los números farsescos ensayados antes por la dictadura. Por disposición del TSJ y a raíz de una denuncia sobre supuestas “irregularidades” en las primarias opositoras, la comisión organizadora de estas deberá consignar “los antecedentes administrativos, contentivos de las 25 fases del proceso”, que comprenden desde la convocación al acto electoral hasta la elaboración de las actas de escrutinios y proclamación del ganador.

Como decíamos antes, sin embargo, nada de esto puede extrañar a quien ha seguido la historia del chavismo en el poder. Lo que llama la atención, más bien, es que sigan existiendo dentro y fuera de Venezuela quienes están dispuestos a creer en el supuesto compromiso de ese régimen de que esta vez sí va a hacer las cosas con transparencia y arreglo a un mínimo de ‘estándares democráticos’. Recordemos que hace unas semanas Estados Unidos llegó con el país caribeño para levantar algunas de las sanciones comerciales y económicas que le había impuesto a cambio de la garantía de que las próximas elecciones se llevaran adelante con limpieza e incluyendo algunos compromisos, como los de levantar el veto a los candidatos inhabilitados, sincerar el padrón electoral, dar facilidades a los millones de migrantes para que voten desde el país en que se encuentran y permitir una auditoría de los comicios por parte de organismos internacionales.

A la luz de los hechos que nos ocupan, se confirma, empero, lo que muchos tememos. Esto es, que esos compromisos no tienen valor alguno para Maduro y sus cómplices, por la sencilla razón de que las tiranías no cambian. Pueden fingir una cierta disposición a hacerlo cuando las circunstancias lucen especialmente adversas para ellas, pero, salvado el apremio, vuelven a lo de siempre: sacar de carrera a través de sus organismos ‘títeres’ –en este caso, la fiscalía, la contraloría, el TSJ, etc.– a cualquiera que amenace con ganarlos legítimamente en las ánforas y sacarlos del poder.

Eso, por supuesto, no quiere decir que haya que tirar la toalla y perder toda esperanza de que María Corina Machado pueda participar en la competencia electoral del 2024. Pero sí evitar caer de nuevo en la cíclica farsa que la dictadura venezolana monta cada vez que quiere ganar tiempo. Una cosa es clara: Maduro no piensa conceder ni la posibilidad de que la democracia vuelva a su país.

Editorial de El Comercio