Falsas esperanzas, por Ian Vásquez

A contracorriente de la creciente tendencia global de buscar alternativas a la prohibición, el Ministerio de Agricultura anunció esta semana una estrategia para erradicar coca en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El plan consiste en sustituir cinco mil hectáreas de coca con cultivos legales como el café o el cacao, ofreciendo subsidios, asistencia técnica y otras ayudas. Hay muchas razones, sin embargo, por las que no debemos esperar que esta iniciativa tenga éxito en reducir la producción de la droga. 

Una de estas tiene que ver con la estructura del negocio ilícito. Cada etapa de la producción y el tráfico de drogas eleva su precio considerablemente. Un kilo de cocaína en el Perú cuesta alrededor de US$1.000, mientras que la misma cantidad tiene un precio de US$50.000 al por mayor en Estados Unidos y US$100.000 al por menor. Por causa de la prohibición, los costos de producción son mínimos en proporción al precio final de la droga. Por lo tanto, los esfuerzos tendientes a elevar los costos por el lado de la oferta no terminan afectando el precio final (o el consumo) del estupefaciente.

Una de las formas en que la industria ilícita se ajusta ante las campanas antinarcóticas es trasladándose a otra región del país o a otra nación. Ese efecto globo –en que se reprime la producción de la droga en una parte para tan solo aparecer en otra– lo hemos visto una y otra vez durante décadas y, en el mejor de los casos, reduce la producción solo a corto plazo. En los años noventa, por ejemplo, luego de una represión de la droga en el Perú, la producción de coca se trasladó a Colombia. En años recientes, tras una campaña de erradicación en ese país, la producción de coca ha vuelto al Perú y ahora a regiones donde nunca antes se veía ese negocio. En parte, la extensión del cultivo de coca por el territorio peruano se debe al programa de erradicación y sustitución de cultivos que se implementó en San Martín, que muchos consideran un éxito. 

Es verdad que el desempeño económico y social de San Martín ha sido ejemplar. Pero el crecimiento basado en la agricultura –y que se ha dado en varias regiones del Perú– tiene mucho más que ver con la apertura de la economía y los altos precios internacionales de los productos de exportación que con el hecho que se subsidiara a una minoría de sus agricultores.

¿Por qué copiar ese modelo en el Vraem? ¿No tendrá más bien el efecto de dispersar el negocio ilícito a todavía más regiones del Perú? ¿Es justo que un programa gubernamental subsidie a productores de café, por ejemplo, que competirán con cafeteros peruanos que no recibirán ese mismo beneficio? ¿Qué previene que el Estado termine impulsando una sobreoferta de un producto que acabará perjudicando a los productores, como ha ocurrido en el pasado? ¿Qué impide que un agricultor que participa en el programa no vaya a plantar coca en otro lado, en cuyo caso el Estado estaría subsidiando el cultivo de coca (como a veces ha ocurrido con dichos programas)?  

De tal forma, tenemos una iniciativa que crea incentivos perversos en el mercado legal y que intenta restringir el cultivo de coca, elevando así su precio y rentabilidad y creando incentivos para que la productividad de cada hectárea de coca crezca –lo cual es precisamente lo que ha ocurrido–. 

Es posible que la verdadera meta del gobierno es seguir el ejemplo de Colombia y empujar buena parte del negocio fuera del país. ¿Realmente queremos incentivar la criminalidad y las condiciones para el surgimiento de un narco-Estado en Bolivia como ha ocurrido con Venezuela? Sería mucho mejor que el Gobierno Peruano deje de crear falsas esperanzas y empiece a proponer alternativas a la guerra contra las drogas.