Bagua: ¿Por qué demoró 7 años un proceso que no resolvió nada?

El primero de los cuatro juicios por el ‘baguazo’, en el cual fueron absueltas 52 personas procesadas por la muerte de 12 policías el pasado 5 de junio del 2009, deja más dudas que certezas. 

Según la sentencia, leída el 22 de setiembre en Bagua, no se encontró pruebas de que los procesados, entre presuntos incitadores y autores materiales, fueran culpables del homicidio de los agentes de la Policía Nacional del Perú. ¿Es acertada esta sentencia? ¿Por qué demoró 7 años un proceso que no resolvió el caso? ¿Quién o quiénes mataron a los policías, entonces?

¿Quiénes dispararon?
En el proceso se juzgaron ocho delitos, entre ellos los de homicidio calificado y lesiones graves. Los jueces no pudieron probar ninguna responsabilidad en los acusados. 
Llama la atención que, en cuanto a los que fueron procesados como autores directos de homicidio, la prueba de absorción atómica resultó negativa. Este examen fue realizado inmediatamente después de ocurridos los hechos, en el año 2009, pero aún a pesar de los resultados se continuó procesando a personas que no habían disparado.

La sentencia resalta también un testimonio clave, el que dio el general PNP Luis Elías Muguruza (quien coordinó las acciones policiales en el ‘baguazo’ como jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Según declaró Muguruza durante el proceso judicial, los disparos no salieron del grupo de manifestantes que eran retirados de la vía por los policías, es decir, del sector donde fueron capturados los 52 procesados. “Fuimos objeto de ataque por armas de fuego de los flancos y en la zona que no había personal manifestante, ya que a ellos los veíamos en la carretera, pero de forma artera había francotiradores en los laterales”, dijo Muguruza en el juicio oral. 

¿Qué sucede con los presuntos instigadores?
Para la sala judicial de Bagua, la no culpabilidad de los autores materiales lleva a la consecuente absolución de los presuntos instigadores. Es decir, si no se sabe quiénes dispararon, no se puede seguir una línea de investigación de instigación, en tanto debe existir un contacto directo entre estos unos y otros. En el caso particular de Alberto Pizango (entonces líder de Aidesep, organización que convocó a las protestas), acusado como instigador en masa por sus pronunciamientos radiales a nivel nacional, no se hallaron pruebas de que sus participaciones constituyan el delito de instigación (además de los otros cargos citados previamente), pues no se encontraron frases exactas que pudieran considerarse como invocaciones para cometer homicidio. 

“Si no se han hallado a los autores directos, no existiría prueba directa que pueda señalar con objetividad a los presuntos instigadores”, reza la sentencia. En opinión del abogado penalista Carlos Cano, es un error contemplar de esta manera los hechos. En primer lugar, porque el delito del cual serían responsables tanto Pizango como los otros líderes de la protesta en Bagua sería el de autoría mediata y no de instigación.

"Estamos hablando no solo de instigación, sino de autoría. La sala se ha guiado por el criterio clásico de resolver estos casos conforme a la instigación, pero en este caso es coautoría, que implica haber participado de la organización de un evento sabiendo qué consecuencias tendría”, dijo Caro.

¿Deficiente investigación?
El Comercio conversó con el juez Gonzalo Zabarburú Saavedra, presidente de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, que emitió la sentencia, para conocer sus impresiones tras el fallo. Según dijo Zabarburú, parte de la responsabilidad sobre el fallo (que él defiende) recaería en el Ministerio Público, encargado de las acusaciones. El magistrado señaló que la acusación fiscal es resultado de una “desprolija investigación”. Además, refirió que la sentencia sí reconoce que se ha cometido los delitos de homicidio, lesiones graves, entre otros, pero que no se determinó que los responsables hayan sido los 52 procesados. Para Zabarburú, el Ministerio Público debería designar un equipo adecuado que se encargue de las investigaciones a partir de ahora. 

En tanto, para el abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, defensor de varios indígenas procesados, hay una carga mediática y coyuntural que permitió que el proceso empezara con mal pie y se llevara de esta misma manera a lo largo de 7 años. “Desde el año 2009, sabíamos que los procesados son inocentes, y hemos perdido 7 años y medio en investigar quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de los policías. Se ha venido engañando a la opinión pública. La denuncia se formalizó en solo una semana contra un promedio de 75 personas”, dijo. Cabe resaltar que hay aspectos de la acusación fiscal que la sentencia ha calificado hasta como “ilógicos”. 

Este Diario intentó comunicarse con José Espichan Gadea, fiscal adjunto de la Fiscalía Superior de Bagua. Su asistente indicó que este devolvería las llamadas, pero no fue así. Tras conocerse el fallo, tanto la fiscalía como la parte civil presentaron recursos de nulidad de la sentencia. 

¿Qué ocurrirá ahora?
Hay varios posibles escenarios tras este fallo en primera instancia. La Corte Suprema podría ratificar el fallo absolutorio o anular la sentencia, obligando incluso a que el juicio oral comience de nuevo. Para el abogado Carlos Caro “es incomprensible” que un suceso ocurrido hace 7 años no pueda tener resultados. Consideró que la sentencia debería ser anulada por la Corte Suprema, y dijo que esta puede excepcionalmente ordenar que se empiece desde cero, es decir, reformulando la acusación fiscal. Él opinó que no se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas y tampoco se indagó el caso de manera adecuada.

El IDL, a su vez, opinó que debería ratificarse el fallo y que las investigaciones deberían reiniciarse para que los verdaderos autores materiales sean condenados. “Se debe tomar como referencia las declaraciones de los sobrevivientes”, dijo el abogado Juan José Quispe. 

El juez Gonzalo Zarzaburú explicó que corresponde esperar las respuestas a los recursos de nulidad, y la correspondiente decisión de la Corte Suprema. Según dijo, “todavía hay pan por rebanar en este tema”, debido a que hay tiempo para que se realicen las investigaciones, pues la acción penal no ha prescrito. 

Los familiares de policías caídos en el ‘baguazo’ calificaron como “un insulto” el fallo. “Alguien tiene que haber usado los fusiles. Si no son ellos, entonces, ¿quiénes les quitaron las armas a los policías?, cuestionó Renán Delgado Alva, padre del suboficial PNP Rely Jheferson Delgado Sánchez, caído en la Estación 6 (el proceso judicial por este caso aún no ha comenzado). En una conversación con este Diario, Nancy Salcedo Meza, hermana del suboficial PNP Jhonny Salcedo Meza, caído en la Curva del Diablo, expresó su desazón por la que considera es una sentencia que confirma la impunidad. “Los responsables de los hechos materiales y los instigadores deben ser condenados”, dijo. 

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