Editorial El Comercio

han regresado a la palestra. Esta semana, dos de los congresistas que se volvieron famosos por supuestamente vender sus votos en el hemiciclo al expresidente Pedro Castillo han vuelto a ser noticia, y nuevamente por razones poco elogiosas.

El 12 de abril, presentó un proyecto de ley francamente inverosímil. En pocas palabras, la iniciativa propone que los familiares de congresistas, presidentes, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios puedan contratar con el Estado, una posibilidad que hoy está proscrita por obvias razones. La iniciativa únicamente establece que estén impedidos de contratar con la entidad en la que sus familiares laboran (en el caso de los legisladores, por ejemplo, con el Legislativo), pero esta excepción, para ser francos, no arregla nada.

Como bien explicó el exviceministro de Justicia Gilmar Andía en conversación con este Diario, de aprobarse, esta ley les daría herramientas a ‘Los Niños’ “para seguir trabajando [su] política de favores”. No hace falta ser muy imaginativos al respecto. Si con ese impedimento vigente existen denuncias de congresistas que consiguieron colocar a sus ‘recomendados’ en otras entidades estatales, removerlo solo institucionalizaría esta práctica, naturalizando el hecho de que los parlamentarios puedan negociar sus votos o su capacidad de blindar a altos funcionarios desde el pleno, exigiendo a cambio que sus familiares sean beneficiados con contratos en otros organismos.

El proyecto llama además la atención porque prácticamente el mismo puñado de representantes que lo promueven presentó una iniciativa semanas atrás para evitar que los familiares, cónyuges o convivientes de ciertos cargos del rubro periodístico –como conductores, productores o directores de medios– puedan contratar con el Estado alegando una supuesta necesidad de “evitar beneficios indebidos a las personas que ejercen el periodismo”. El doble rasero salta a la vista.

Pero Espinoza no solo ha sido noticia en estos días por el desvergonzado proyecto que viene impulsando. El domingo, “Punto final” reveló que el acciopopulista ha venido utilizando los recursos del Estado para impulsar su propio proyecto político en Áncash. Según el reportaje, la impresora del despacho del parlamentario se ha venido utilizando para imprimir fichas de afiliación a la agrupación; el personal de su oficina ha sido enviado a recolectar firmas en días laborables; y el acceso que se le ha concedido a la base de datos del Reniec por su condición de legislador ha sido aprovechado para verificar que los datos de las personas afiliadas estén correctos.

Las reacciones, como es lógico, no se han hecho esperar, pero han sido de diferente calibre. Mientras Reniec suspendió los accesos del legislador a su sistema y el partido Acción Popular ha anunciado la apertura de un “proceso sumarísimo” con miras a expulsarlo, en el Congreso la Comisión de Ética no pudo sesionar por falta de quórum y la bancada a la que pertenece ha optado por mirar hacia otro lado.

Además de Espinoza, otro ‘niño’ que ha ocupado titulares en los últimos días ha sido . El lunes, sus viviendas y despachos fueron allanados en el marco de una denuncia presentada por una extrabajadora que asegura que el parlamentario le exigió que le entregara hasta el 50% de su sueldo, sus bonos y hasta dinero de la tarjeta de alimentos que se les da a los empleados del Congreso por Navidad. Doroteo y Espinoza, vale recalcar, forman parte de la gavilla infame de parlamentarios que han sido condenados en este período, el primero por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, y el segundo por difamación agravada.

Pero ambos comparten además otra circunstancia: el hecho de que una y otra vez han sido blindados por sus colegas, como ocurrió, por ejemplo, en mayo pasado, cuando el pleno rechazó el informe que proponía acusarlos constitucionalmente por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Aunque los destapes de los últimos días revelan que tanto Doroteo como Espinoza han demostrado ser ‘niños’ incorregibles, es innegable que han seguido haciendo de las suyas gracias en buena parte al trato –casi amical, se diría– que el resto de los legisladores les han prodigado.

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